DECRETO 2333 DE 2014
(noviembre 19)
Diario Oficial No. 49.340 de 19 de
noviembre de 2014
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL
Por el cual se establecen los mecanismos
para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios
ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos
indígenas acorde con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio número 169 de la OIT, y se
adicionan los artículos 13, 16 y 19 del Decreto número 2664 de 1994.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales y, en particular las que le confieren el numeral 11
del artículo 189 de la Constitución Política y los
artículos 2o, 4o, 5o, 14 y 34 de la Ley 21 de 1991, el artículo 2o de la Ley 160 de 1994, el artículo 43 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que los artículos 7o y 8o de la Constitución Política establecen el
deber del Estado de reconocer y proteger la diversidad étnica, cultural y
natural de la Nación colombiana;
Que en la Ley 160 de 1994, Capítulo XIV, se establece el
deber del Gobierno nacional de dotar de tierras, “indispensables que
faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo”, a los pueblos
indígenas y estudiar los títulos que estos presenten con el fin de establecer
la existencia legal de los resguardos. Para tal fin, se consagran los
procedimientos de constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de
resguardos indígenas;
Que el Estado colombiano ratificó el
Convenio número 169 del 27 de junio de 1989 “Sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Congreso de la
República mediante Ley 21 del 4 de marzo de 1991;
Que el Convenio número 169 de la OIT es un instrumento
internacional que reconoce Derechos Humanos de los pueblos indígenas y, por
tanto, hace parte del bloque de constitucionalidad, por disposición del
artículo 93 de la Constitución Política;
Que el Convenio número 169 de la OIT
establece el deber del Gobierno nacional de adoptar medidas especiales
encaminadas a proteger los derechos de los pueblos y a garantizar el respeto de
su integridad (artículo 2o); y medidas especiales orientadas a
salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las
culturas y el medio ambiente de estos pueblos (artículo 4o);
Que el Convenio número 169 de la OIT
reconoce y protege los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y
espirituales propios de dichos pueblos (artículo 5o). En este sentido, el artículo 13 del citado Convenio establece que “al
aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán
respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales
de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o
con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en
particular los aspectos colectivos de esa relación”;
Que el artículo 14 de dicho Convenio establece que “1.
Deberá reconocerle a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos
apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos
interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos,
pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades
tradicionales y de subsistencia. A este respecto deberá prestarse particular
atención a la situación de pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberá instituirse
procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos
interesados”;
Que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado de forma reiterada que “el derecho de propiedad
colectiva de las comunidades indígenas sobre el territorio que han ocupado
ancestralmente, exige una protección constitucional preferente, debido a que es
un elemento esencial para la preservación de las culturas y valores
espirituales de estos pueblos, así como para garantizar su subsistencia física
y su reconocimiento como grupo culturalmente diferenciado”. (T-188 de 1993,
T-652 de 1998, T-079 de 2001, SU-383 de 2003, C-030 de 2008, T-909 de 2009,
T-547 de 2010, T-433 de 2011, T-009-2013);
Que la Corte Constitucional ha
resaltado “la importancia de ampliar el concepto de territorio de las
comunidades étnicas a nivel jurídico, para que comprenda no sólo las áreas
tituladas, habituadas y explotadas por la comunidad, por ejemplo, bajo la figura
de resguardo, 'sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de
sus actividades culturales y económicas, de manera que se facilite el
fortalecimiento de la relación espiritual y material de estos pueblos con la
tierra y se contribuya a la preservación de las costumbres pasadas y su
transmisión a las generaciones futuras” (T-009-2013);
Que el Gobierno nacional reconoce que
los pueblos indígenas de Colombia tienen una especial relación con el
territorio que, tal como ha sido señalado por la Corte Constitucional en sendas
sentencias, debe entenderse no sólo como el derecho que estos tienen sobre la
propiedad colectiva que ocupan, sino excepcionalmente, como una extensión de
sus prácticas ancestrales y su relación espiritual, cultural, económica y
social con aquellas áreas en las cuales se desarrollan;
Que en atención a todo lo anterior, el
Gobierno nacional, en concertación con las organizaciones, comunidades y
pueblos indígenas, acuerda que se hace necesario establecer medidas y
procedimientos de protección jurídica de los territorios ancestrales y/o
tradicionales,
DECRETA:
DISPOSICIONES GENERALES.
OBJETO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES.
ARTÍCULO 1o. OBJETO. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.1.1 del Decreto Único Reglamentario
1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> El presente decreto tiene por objeto establecer los mecanismos
para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios
ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos
indígenas.
ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.1.2 del Decreto Único Reglamentario
1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de
2015> Para los fines exclusivos del presente
decreto, se establecen los siguientes principios:
1. Celeridad de los procesos de
protección de la posesión de las tierras y territorios ancestrales y/o
tradicionales. El procedimiento de protección jurídica de la posesión
de los territorios ancestrales y/o tradicionales, al igual que todas las
actuaciones y decisiones, estará desprovisto de toda dilación administrativa y
se ajustarán a los criterios constitucionales y a la ley antitrámites.
2. Relación especial de los
pueblos indígenas con las tierras y territorios. El Estado reconoce,
respeta, protege y garantiza la importancia especial que para las culturas y
valores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con las
tierras o territorios, o con ambos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera
y, en particular, los aspectos colectivos de esa relación.
3. Respeto a la ley de origen,
ley natural, derecho mayor o derecho propio de los pueblos indígenas. La
Ley de Origen y el Derecho Mayor o Derecho Propio representan el fundamento de
vida y gobernanza de los pueblos indígenas.
La autoridad o intérprete de las normas
consagradas en el presente decreto tomará debidamente en consideración la Ley
de Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor o Derecho Propio y hará prevalecer
el principio pro homine y los Derechos Humanos, fundamentales,
colectivos e integrales de los pueblos indígenas contenidos en el bloque de
constitucionalidad, sin desmedro de la autonomía y jurisdicción especial
indígena.
4. Identidad territorial
ancestral y/o tradicional. Se relaciona con el sentido de pertenencia
que la comunidad o pueblo indígena mantiene con su territorio poseído ancestral
o tradicionalmente, en el cual se desarrolla integralmente su vida,
cosmovisión, sabiduría ancestral, conocimientos, costumbres y prácticas que
sustentan los derechos territoriales ancestrales de dichos pueblos.
5. Respeto a los derechos de
terceros. La propiedad y los derechos adquiridos de terceros serán
reconocidos y respetados con arreglo a la Constitución Política y la ley.
ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.1.3 del Decreto Único Reglamentario
1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Para los fines exclusivos del presente decreto, se establecen las
siguientes definiciones:
1. Territorio ancestral y/o
tradicional. Para los efectos del presente decreto, son territorios
ancestrales y/o tradicionales los resguardos indígenas, aquellas tierras y
territorios que históricamente han venido siendo ocupados y poseídos por los
pueblos o comunidades indígenas y que constituyen el ámbito tradicional de sus
actividades sociales, económicas, culturales y espirituales.
2. Posesión tradicional y/o
ancestral de tierras y territorios de los pueblos indígenas. Para los
efectos del presente decreto, la posesión del territorio tradicional y/o
ancestral de los pueblos indígenas es la ocupación y relación ancestral y/o
tradicional que estos mantienen con sus tierras y territorios, de acuerdo con
los usos y costumbres, y que constituyen su ámbito tradicional, espiritual y
cultural, en el marco de lo establecido en la Ley 21 de 1991.
La posesión tradicional y/o ancestral
se probará mediante los procesos y procedimientos incluidos en el presente
decreto. La propiedad de terceros y derechos adquiridos serán reconocidos con
arreglo a la Constitución Política y la ley.
La posesión de los pueblos indígenas
sobre sus territorios ancestrales y/o tradicionales dará derecho a que el
Estado la reconozca mediante acto administrativo registrado, mientras se cumple
el trámite administrativo para la expedición del título de propiedad colectiva.
SISTEMA DE COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL.
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN
Y SISTEMA DE INFORMACIÓN.
ARTÍCULO 4o. SISTEMA DE
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA UNIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PREDIAL DE
LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y CREACIÓN DE SU SISTEMA DE INFORMACIÓN. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.2.1 del Decreto Único Reglamentario
1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica sobre la
información existente en el Estado colombiano en materia de propiedad colectiva
indígena, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural creará, en un plazo
no superior a seis (6) meses, contados a partir de la vigencia del presente
decreto, un sistema de coordinación interinstitucional para la unificación de
la información predial de los territorios indígenas.
Para tales efectos, se tendrán en
cuenta los aspectos relacionados con el territorio, población,
georreferenciación, registros catastrales, resguardos constituidos, solicitudes
de constitución, ampliación y saneamiento, resguardos de origen colonial o
republicano, posesión ancestral y/o tradicional de los pueblos y comunidades
indígenas.
El sistema estará integrado por las
siguientes entidades:
1. Ministerio del Interior.
2. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
4. Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC).
5. Superintendencia de Notariado y
Registro.
6. Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural (Incoder).
7. Comisión Nacional de Territorios
Indígenas.
El Gobierno nacional solicitará el
acompañamiento de las entidades que para los casos específicos se requieran.
Como resultado de los trabajos
adelantados por este sistema de coordinación se creará un sistema de
información con todas las variables mencionadas, y aquellas que el sistema de
coordinación identifique, el cual será administrado por el Ministerio del
Interior.
Los contenidos servirán para ser
consultados en todas las actuaciones administrativas de las instituciones
públicas en relación con los territorios indígenas.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN DE
TERRITORIOS ANCESTRALES Y/O TRADICIONALES.
PROCEDIMIENTO MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE
LA POSESIÓN.
ARTÍCULO 5o. PROCEDIMIENTO DE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN DE TERRITORIOS ANCESTRALES Y/O
TRADICIONALES. <Artículo compilado en el
artículo 2.14.20.3.1 del Decreto Único Reglamentario
1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> El procedimiento para adelantar la medida de protección de la
posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales será el siguiente:
1. Solicitud: El trámite se iniciará de
oficio por el Incoder, o a solicitud del Ministerio del Interior, de otra
entidad pública, de la comunidad indígena interesada, a través de su cabildo o
autoridad tradicional, o de una organización indígena.
La solicitud de protección de la
posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales deberá acompañarse de una
información básica relacionada con la ubicación, vías de acceso, un croquis del
área a proteger, el número de familias que integra la comunidad y la dirección
donde recibirán comunicaciones y notificaciones.
Esta solicitud podrá presentarse junto
con la solicitud de constitución de resguardos de que trata el Capítulo III del
Decreto número 2164 de 1995.
2. Validación de la información y
apertura de expediente. Recibida la solicitud por el Incoder y revisados los
documentos aportados, dentro de un término no mayor a 20 días se procederá a
abrir un expediente, al cual se le asignará una numeración. Dicho expediente
contendrá las diligencias administrativas adelantadas en el presente procedimiento.
El Incoder revisará si adicionalmente existe una solicitud de procedimientos de
constitución, ampliación, saneamiento de resguardos o clarificación y/o
reestructuración de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o
republicano y podrá usar esta información para el procedimiento de protección
del objeto del presente decreto.
3. Una vez se realice la solicitud y
abierto el expediente de protección de los territorios ancestrales y/o
tradicionales de los pueblos indígenas, el Incoder expedirá inmediatamente una
Certificación de Apertura de Expediente e Inicio de Proceso de Protección, la
cual será notificada, a la comunidad y a quien esta lo solicite.
4. En caso de que existan estudios
socioeconómicos y levantamientos topográficos adelantados dentro de los
procedimientos de constitución, ampliación, saneamiento, o reestructuración de
resguardos de origen colonial o republicano que hayan avanzado, el Incoder
podrá emitir inmediatamente la medida de protección basado en la información y
estudios que reposen en dichos expedientes.
5. El Incoder emitirá un auto donde se
determinen los responsables, funcionarios, y fechas para realizar la visita
técnica tendiente a recopilar la información para la elaboración del estudio
socioeconómico y levantamiento topográfico. El auto que ordena la visita se
comunicará al Procurador Agrario, a las comunidades ocupantes interesadas y a
quien hubiese formulado la solicitud. También se notificará personalmente a los
titulares de derechos inscritos en los folios de matrícula inmobiliaria y se
fijará un edicto que contenga los datos esenciales de la petición en la
secretaría de las alcaldías donde se halle ubicado el territorio ancestral y/o
tradicional, por el término de diez (10) días, a solicitud del Incoder, el cual
se agregará al expediente.
6. Visita técnica: En la visita técnica
se levantará un acta suscrita por las autoridades indígenas y funcionarios y
las personas que han intervenido en ella, la cual deberá contener los
siguientes datos: a) Ubicación del territorio; b) Linderos generales; c) Área
aproximada; d) Número de habitantes que hacen parte de la comunidad; e) Número
de colonos o terceros establecidos, indicando el área aproximada que ocupan y
la explotación que adelantan. La visita deberá realizarse en un plazo no mayor
a 12 meses después de emitido el auto. En los casos en que exista riesgo de
despojo territorial, la visita se hará con carácter urgente y prioritario.
7. Entrega de estudio socioeconómico y
levantamiento topográfico. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la
culminación de la visita técnica, el Incoder elaborará el estudio
socioeconómico y levantamiento topográfico con su plano correspondiente. Se compulsará
copia del mismo a la comunidad respectiva y se realizará socialización cuando
esta lo requiera.
8. Expedición de la resolución de
protección provisional de la posesión del territorio ancestral y/o tradicional:
con base en el estudio socioeconómico y levantamiento topográfico, el Incoder
expedirá, en un plazo no mayor a 15 días siguientes a la elaboración del mismo,
una resolución motivada decidiendo sobre el reconocimiento y protección
provisional de la posesión del territorio ancestral y/o tradicional. En caso
que resulte procedente tal reconocimiento y protección, en la misma resolución
se solicitará a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos la
inscripción de la medida provisional en los folios correspondientes. En los
casos en que no existan folios de matrícula inmobiliaria se solicitará la
apertura inmediata de uno nuevo a nombre del Incoder, con la anotación
provisional respectiva de su carácter de territorio ancestral y/o tradicional
indígena, en favor de la respectiva comunidad, así como la inscripción de la
mencionada resolución.
Si el Incoder constata que existe
superposición de ocupaciones o de posesiones entre pueblos y comunidades
indígenas, la medida de protección se extenderá a todas ellas. En todo caso, se
entenderá que el acto administrativo de protección tiene carácter provisional,
sujeto, por ende, a la titulación definitiva de la propiedad colectiva que
realice el Incoder mediante el acto administrativo correspondiente, de
conformidad con la legislación vigente.
PARÁGRAFO 1o. En expedientes de procesos de clarificación de vigencia de los
títulos de origen colonial o republicano que hayan avanzado y en cuyos folios
repose un estudio socioeconómico este podrá ser tomado como insumo para la
medida de protección de territorio ancestral y/o tradicional.
PARÁGRAFO 2o. En virtud de las medidas provisionales de protección señaladas,
los notarios y registradores de instrumentos públicos, así como los
funcionarios del Incoder, adoptarán las medidas propias de su competencia para
evitar cualquier acción de adjudicación de los predios cobijados por la medida
de protección, a personas o comunidades distintas a las cobijadas por la misma.
La omisión del cumplimiento de sus funciones acarreará las sanciones a que haya
lugar de acuerdo con la normatividad vigente.
PARÁGRAFO 3o. A partir de la presentación de la solicitud de ampliación,
constitución o saneamiento de resguardos o de reestructuración de títulos de
origen colonial y/o republicanos, o de la solicitud de protección de posesión
de los territorios ancestrales y/o tradicionales, el Incoder a petición de
parte, podrá solicitar al inspector de policía de la jurisdicción
correspondiente, la suspensión de los procesos policivos que se adelanten en
tierras pretendidas en estos procedimientos, hasta tanto se culmine el proceso
de titulación.
ARTÍCULO 6o. DE LOS ESTUDIOS
SOCIOECONÓMICOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.3.2 del Decreto Único Reglamentario
1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Los estudios socioeconómicos y levantamiento topográfico, u otros
procedimientos realizados en el marco del presente decreto, podrán ser
utilizados para los procesos de constitución, ampliación, saneamiento y
reestructuración de resguardos de origen colonial o republicano de que trata la
Ley 160 de 1994 y el Capítulo III del Decreto
número 2164 de 1995.
ARTÍCULO 7o. PRELACIÓN DE
LA PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN DE TERRITORIOS ANCESTRALES Y/O TRADICIONALES DE
COMUNIDADES INDÍGENAS EN RIESGO O SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.3.3 del Decreto Único Reglamentario
1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Los procedimientos de protección de la posesión de territorios
ancestrales y/o tradicionales de los pueblos y comunidades en riesgo o
situación de desplazamiento forzado, contenidas en la normatividad vigente,
deberán tener prelación con el fin de garantizar el derecho a la posesión y a
la tierra frente a los inminentes hechos de despojo territorial al que se
encuentren expuestos.
ARTÍCULO 8o. CREACIÓN DE CÓDIGO
PARA MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN DE TERRITORIOS ANCESTRALES Y/O
TRADICIONALES. <Artículo compilado en el
artículo 2.14.20.3.4 del Decreto Único Reglamentario
1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> La Superintendencia de Notariado y Registro adoptará las medidas
necesarias para la creación de los códigos que recojan la inscripción a que hace
referencia el presente decreto.
La Superintendencia de Notariado y
Registro deberá crear el código de territorios ancestrales y/o tradicionales,
en un término de treinta (30) días, contados a partir de la vigencia del
presente decreto.
ARTÍCULO 9o. DEMARCACIÓN
DEL TERRITORIO ANCESTRAL Y/O TRADICIONAL. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.3.5 del Decreto Único Reglamentario
1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Una vez expedida la resolución de reconocimiento y protección de
la posesión del territorio ancestral y/o tradicional, el Incoder iniciará el
proceso de demarcación sobre el área reconocida mediante una placa donde conste
el mapa con las coordenadas del área objeto de protección, la cual deberá ser
instalada en lugar visible para toda la comunidad.
En los casos en que se evidencie una
amenaza o vulneración de los derechos a la posesión del territorio ancestral,
el Incoder procederá, por solicitud de la comunidad indígena, a realizar la
demarcación del área objeto de la protección ancestral y/o tradicional, de
manera concertada con esta, a través del mecanismo más apropiado, respetando la
ley de origen y el derecho mayor de cada pueblo.
OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
ARTÍCULO 10. REVOCATORIA DIRECTA
DE LAS RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS A PARTICULARES, DONDE ESTÉN
ESTABLECIDAS COMUNIDADES INDÍGENAS. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.4.1 del Decreto Único Reglamentario
1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69 y 72 de la Ley 160 de 1994 y de conformidad
con el Capítulo V del Título II del Decreto Reglamentario número 1465 de 2013, el Incoder podrá revocar
directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras
baldías donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su
hábitat, proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o
reglamentarias vigentes sobre baldíos.
No podrán hacerse adjudicaciones de
baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su
hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución y ampliación de
resguardos indígenas.
ARTÍCULO 11. CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA
DE COMUNIDADES O PUEBLOS INDÍGENAS EN TIERRAS BALDÍAS. <Artículo compilado en el artículo 2.14.10.5.3 del Decreto Único Reglamentario
1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de
2015> Adiciónase un parágrafo al artículo 13 del Decreto número 2664 de 1994, así:
“Parágrafo 2o. De
conformidad con el artículo 69 de la Ley 160 de 1994 y, en concordancia
con los artículos 9o y 13 del presente decreto, previo al estudio
de la solicitud de adjudicación de baldíos, la Dirección Técnica de Baldíos y/o
las Direcciones Territoriales respectivas del Incoder solicitarán a la
Dirección de Asuntos Étnicos de esta entidad certificación sobre la existencia
o no, en el área pretendida, de solicitudes de constitución, saneamiento o
ampliación de resguardos indígenas, o reestructuración de resguardos de origen
colonial o republicano, así como medidas de protección de la posesión de territorios
ancestrales y/o tradicionales. De no encontrarse información registrada sobre
dichos procesos, deberá solicitarse información adicional al Ministerio del
Interior, a las entidades territoriales pertinentes y/o a las organizaciones
indígenas, para que se pronuncien sobre la existencia o no de comunidades
indígenas en el área pretendida, la cual será remitida al Ministerio del
Interior para su respectiva validación”.
ARTÍCULO 12. INSPECCIÓN OCULAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN EN TIERRAS BALDÍAS. <Artículo compilado en el artículo 2.14.10.5.6 del Decreto Único Reglamentario
1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de
2015> Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 16 del Decreto número 2664 de 1994:
“Parágrafo. En el evento de
que se haya certificado existencia de procesos de los que trata el parágrafo 2o
del artículo 13 del presente decreto, o se haya recibido
información acerca de la existencia de comunidades indígenas sobre el predio
pretendido o colindante, se notificará a la Autoridad Indígena y/o las
organizaciones indígenas de carácter nacional sobre la realización de la inspección
ocular dentro del procedimiento de adjudicación en tierras baldías. La
Autoridad Indígena y/o las organizaciones indígenas de carácter nacional podrán
acompañar dichas inspecciones”.
ARTÍCULO 13. ADICIÓN AL CONTENIDO DEL
ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR. <Artículo
compilado en el artículo 2.14.10.5.8 del Decreto Único Reglamentario
1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Adiciónase un literal al numeral 1 del artículo 19 del Decreto número 2664 de 1994, así:
“o) Si existe presencia de comunidades
indígenas en el área pretendida que ejerzan posesión ancestral y/o tradicional
sobre el territorio”.
ARTÍCULO 14. DELIMITACIÓN Y
DEMARCACIÓN DE TERRITORIOS DE PUEBLOS AISLADOS. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.4.2 del Decreto Único Reglamentario
1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Para efectos de dar un tratamiento especial al derecho a la posesión
al territorio ancestral y/o tradicional en favor de los Pueblos Indígenas en
Situación de Aislamiento (PISA), que ocupan o utilizan de alguna manera, el
Gobierno nacional tomará medidas excepcionales para la delimitación y
protección de sus territorios.
Para estos casos, se deberá tener en
cuenta el acompañamiento de las entidades del orden nacional y regional con
competencias para la protección territorial y cultural de dichos pueblos,
quienes deberán concertar y coordinar previamente con las autoridades y
organizaciones indígenas colindantes a los PISA.
ARTÍCULO 15. PRESUPUESTO. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.4.3 del Decreto Único Reglamentario
1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> El establecimiento de los mecanismos previstos en el presente
decreto para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y
territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los
pueblos indígenas, acorde con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio número 169 de la OIT, y la
adición a los artículos 13, 16 y 19 del Decreto número 2664 de 1994, deberá
implementarse de forma gradual consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo
y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, de conformidad con las Leyes 819 de 2003 y 1473 de 2011, y las disponibilidades
presupuestales, hasta la concurrencia de las respectivas apropiaciones
autorizadas en cada sector y en las respectivas entidades que les compete la
implementación de las diferentes actividades descritas en el presente decreto.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de
noviembre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS.
El Ministro de Hacienda y Crédito
Público,
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
YESID REYES ALVARADO.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural,
AURELIO IRAGORRI VALENCIA.
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