lunes, 22 de enero de 2018

CORREGIMIENTOS



Corregimientos

¿Que es?

ARTICULO  318. Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas rurales.
En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta administradora local de elección popular, integrada por el número de miembros que determine la ley, que tendrá las siguientes funciones :

1. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico y social y de obras públicas.
2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos.
3. Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión.
4. Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal.
5. Ejercer las funciones que les deleguen el concejo y otras autoridades locales. Las asambleas departamentales podrán organizar juntas administradoras para el cumplimiento de las funciones que les señale el acto de su creación en el territorio que este mismo determine.

NOTA: El artículo 5 del Acto Legislativo 02 de 2002, estableció que: "El período de los miembros de las Juntas Administradoras locales a las que se refiere el artículo 318 de la Constitución Política será de cuatro años.
Las normas sobre períodos de Alcaldes y Concejales Municipales de este acto legislativo se aplicarán también a los de los Distritos." 

¿Quien define los corregimientos?


ley 136 de 1994 ARTÍCULO 117. COMUNAS Y CORREGIMIENTOS. Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas y en corregimientos en el caso de las zonas rurales.

En el acuerdo mediante el cual se divida el territorio del municipio en comunas y corregimientos se fijará su denominación, límites y atribuciones, y se dictarán las demás normas que fueren necesarias para su organización y Funcionamiento.

PARÁGRAFO. En los municipios y distritos clasificados en categoría especial, primera y segunda, los concejos municipales podrán organizar comunas con no menos de diez mil (10.000) habitantes y en los clasificados en las categorías tercera y cuarta con no menos de cinco mil (5.000) habitantes.
En los demás municipios, los alcaldes diseñarán mecanismos de participación ciudadana a través de los cuales la ciudadanía participe en la solución de sus problemas y necesidades.

Corte Constitucional:
- Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-447-95 del 4 de octubre de 1995, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.  

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 40 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> El respectivo alcalde podrá delegar mediante acto administrativo, en los corregimientos, funciones expresas en materias de prestación de servicios públicos, administración de bienes inmuebles y recaudo de ingresos tributarios que sean propias de la administración municipal.

- Parágrafo adicionado por el artículo 40 de la Ley 1551 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.483 de 6 de julio de 2012.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo 40 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> El Concejo Municipal o Distrital podrá constituir, para apoyar la inversión social en los Corregimientos, Comunas y localidades, un presupuesto participativo que permita a los ciudadanos deliberar y decidir en la distribución de un porcentaje del presupuesto municipal, a través de las JAL, asignado a sus respectivas comunas, corregimientos y localidades, observando las normas y disposiciones nacionales y municipales que rigen el ejercicio de la planeación, el presupuesto y la contratación, en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal.
En todo caso los procesos de planeación local serán insumo para la formulación del plan municipal de desarrollo, así mismo se dará prioridad a las propuestas de inversión presentadas por los respectivos Consejos Comunales y Corregimientos de Planeación que dentro de sus respectivos planes garanticen complemento con trabajo comunitario, dentro del marco de los convenios.


Para la implementación y ejecución del presupuesto participativo, la administración municipal garantizará los recursos necesarios para la operación y puesta en marcha del programa de planeación y presupuesto participativo en cada una de las Comunas y Corregimientos del municipio y distrito dentro del plan plurianual de inversiones. Se creará dentro del Presupuesto Municipal un componente denominado Presupuesto Participativo que hará parte del Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio o Distrito


¿Clases de suelo?

ley 388 de 1997 Artículo 30º.- Clases de suelo. Los planes de ordenamiento territorial clasificarán el territorio de los municipios y distritos en suelo urbano, rural y de expansión urbana. Al interior de estas clases podrán establecerse las categorías de suburbano y de protección, de conformidad con los criterios generales establecidos en los artículos siguientes.

¿Son urbanos o Rurales?


ley 388 de 1997 Artículo 31º.- Suelo urbano. Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, que se definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial. 

Las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros poblados de los corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado perímetro de servicios públicos o sanitario. Ver Decreto Nacional 1337 de 2002



¿Inscripción catastral?

Resolución 70 del 2011 Artículo 10. Predio Rural. Es el ubicado fuera de los perímetros urbanos: cabecera, corregimientos y otros núcleos aprobados por el Plan de Ordenamiento Territorial.
Resolución 70 del 2011 Artículo 11. Predio Urbano. Es el ubicado dentro del perímetro urbano.


Parágrafo: Las unidades tales como: apartamentos, garajes, locales, depósitos y otras, no constituyen por sí solas predios, salvo que estén reglamentadas como predios independientes.




Requisitos levantamientos para identificación Predial

Requisitos levantamientos para identificación Predial

Acuerdo 180 del 30 de septiembre 2009

Generales 

  • Actividades preliminares
    • Ubicar zona de trabajo
    • Identificar puntos de control cercanos certificados IGAC
    • Determinar origen geografico
    • Determinar método de levantamiento
  • Deben estar referidos al Datum MAGNA SIRGAS (especificando origen)
  • Deben ser realizados por personal idóneo (ley 70 de 1979)
  • Se definen dos tipos de levantamiento:
    • Identificación predial
    • Obra civil

Identificación predial menores a 1000 m2 

  • Se levantaran con equipos de precisión debidamente calibrados
  • Los equipos utilizados para mediciones angulares y métricas serán teodolitos estaciones totales o GPS de doble frecuencia
  • La georreferenciación, en caso de utilizar estación total o teodolito, se realizará como mínimo con receptores GPS de punto submétrico. La precisión se garantizará con el proceso de corrección diferencial.


Identificación predial mayores a 1000 m2 


Dibujo

  • Deben incluir las especificaciones tecnicas
  • Se deben presentar en formato impreso y digital
  • Deben contener como mínimo:
    • Norte geografico
    • Simbologia de los vértices del levantamiento y perimetrales
    • Numeración de los vértices
    • Linea de colindancia Acotada y nombre del colindante
    • Toponimia de limites arcifinios y otros de interes
    • Tabla de coordenadas y colindancias
    • Tabla de áreas
    • Información de la cartografía base definida 
    • Grilla de coordenadas geográficas verdaderas con intervalos en números enteros 
    • Cuadro de coordenadas, distancias y colindantes 



ACUERDO 180 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009


Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

ACUERDO 180 DE 2009 
(Septiembre 30)
“por el cual se establecen las normas técnicas para los trabajos de topografía
y cartografía para los diferentes programas misionales del Instituto”.
El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder–,
en uso de sus facultades legales, en especial las previstas en el artículo 78 de la Ley 160 de 1994 y en el artículo 15 del Decreto Reglamentario 2664 de 1994, y
CONSIDERANDO:
Con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007, proferida por la Corte Constitucional mediante Sentencia C–175 de marzo 18 de 2009, perdieron vigencia los reglamentos de dicha ley y, entre ellos, la Resolución de gerencia general del Incoder 1207 del 20 junio de 2008 que establecía las normas técnicas para los trabajos de topografía y cartografía en los programas misionales del instituto.
El artículo 78 de la Ley 160 de 1994 establece que el Incoder y las entidades públicas en las que se delegue la función de adjudicación de tierras baldías de la Nación, podrán utilizar los planos elaborados por otros organismos públicos o por particulares, cuando se ajusten a las normas técnicas establecidas por el consejo directivo del instituto.
Dentro del procedimiento de adjudicación de baldíos, así como en los demás procesos misionales en que se requiera la identificación predial, tal labor se concreta en verificar el área y redactar técnicamente los linderos del inmueble, que se necesita individualizar. El Incoder requiere estandarizar la información geográfica, de tal manera que los levantamientos prediales, la información topográfica y cartográfica y las actividades de interventoría a dichas labores, sean de gran precisión y puedan ser utilizadas en un sistema de información geográfica, pudiendo intercambiar y compartir fácilmente dicha información, para así lograr la optimización de la inversión institucional.
Que es función del consejo directivo del Incoder establecer las normas técnicas que deben aplicarse a los planos topográficos requeridos dentro de los procesos misionales de la entidad.
Por lo expuesto,
ACUERDA:

ART. 1º—Campo de aplicación. El presente acuerdo establece las normas técnicas que deben cumplir los levantamientos y planos elaborados para efectos de identificación predial, dentro de los procedimientos de adjudicación de baldíos y demás procesos misionales adelantados por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder– o por las entidades en las que se delegue sus funciones.

ART. 2º—Actividades preliminares. Para realizar la identificación predial y el establecimiento de puntos de control en los trabajos de cartografía que realice o contrate el Instituto, se deben adelantar las siguientes actividades:
a) Se determinará la ubicación de la zona de trabajo, buscando cartografía base y toda la información que pueda complementar el levantamiento predial a realizar, tales como los antecedentes, escrituras, planos, resoluciones y demás documentación que sirva de soporte para la identificación predial o para el proyecto u obra de infraestructura.
b) Se identificarán los puntos de control establecidos existentes y certificados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC–, que sirvan para efectuar los controles horizontales y verticales.
c) Se determinará el origen geográfico al cual pertenece la zona de trabajo.
d) Dependiendo del tipo de trabajo y área, se determinará cuál método o combinación de ellos es el más adecuado, de acuerdo a la topografía y/o alcance del proyecto.

ART. 3º—Amarre al sistema nacional de coordenadas. Con el objeto de unificar un marco geográfico de referencia, todos los trabajos de georreferenciación estarán referidos al Dátum oficial de Colombia Magna–Sirgas, especificando el origen definido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

ART. 4º—Personal idóneo. Los trabajos de topografía serán realizados por personal calificado conforme a las previsiones de la Ley 70 de 1979.

ART. 5º—Tipos de levantamientos topográficos. Se definen dos tipos de levantamientos para el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, sin detrimento de los que puedan ser definidos posteriormente, así:

• Levantamientos para identificación predial.
• Levantamientos para obras civiles.

5.1. Levantamientos para identificación predial. Son los levantamientos topográficos de predios rurales utilizados en los procedimientos agrarios de titulación de baldíos, clarificación de la propiedad, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, adquisición de tierras o mejoras, adjudicación de subsidio integral de tierras, constitución o ampliación de resguardos indígenas, titulación colectiva a comunidades afrocolombianas, así como para la elaboración de proyectos productivos.
Se pueden identificar dos subcategorías así:
5.1.1. Levantamientos para identificación predial, menores a mil metros cuadrados (1.000 m2).
Para este tipo de trabajos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones técnicas:
a) Los levantamientos se realizarán con equipos de precisión debidamente calibrados de acuerdo a las especificaciones definidas por el Incoder.
b) Los equipos utilizados para mediciones angulares y métricas serán teodolitos estaciones totales o GPS de doble frecuencia, que garanticen los cierres establecidos en el presente acuerdo.
c) La georreferenciación, en caso de utilizar estación total o teodolito, se realizará como mínimo con receptores GPS de punto submétrico. La precisión se garantizará con el proceso de corrección diferencial.
d) Se utilizará el método de poligonales cerradas, materializando puntos en el terreno.
e) Para los detalles se empleará el método de radiación, tomado desde cada vértice de la poligonal. En aquellos casos en los cuales el levantamiento topográfico sea utilizado para el otorgamiento de subsidio integral de tierras, se deberá hacer levantamiento de la información de relleno (ejemplo: tipos de cultivo, bosques, cuerpos de agua, construcciones, infraestructura, entre otros) y se deberá especificar en el cuadro de áreas del plano y del informe el consolidado de cada una de las áreas según la clasificación existente para estos. La sumatoria interior discriminada de áreas, deberá sumar el 100% del área total del predio.
f) Las carteras de campo a entregar serán originales, incluyendo el dibujo a mano alzada de las poligonales ejecutadas en campo, indicando la cantidad de vértices y detalles del levantamiento, también las radiaciones a partir de los vértices de las poligonales a los detalles del terreno levantado. Se aceptarán las carteras de campo o archivos raw–data originales, en formatos txt, xml u otros formatos para procesador de texto, se entregarán archivos rinex o datos crudos, para el proceso de georreferenciación. La fijación del número de obra para cada uno de los levantamientos se fijará de acuerdo a la metodología establecida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, para tal fin.
g) Los planos de los levantamientos se entregarán en medio impreso de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por el Incoder y en formato digital en archivos CAD ó SHP debidamente georreferenciados y estructurados como polígonos, polilíneas y puntos. Una vez aprobado el levantamiento y para efectos de archivo, se asignará por parte del funcionario designado por el Incoder, la numeración correspondiente de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por el Incoder.
h) Se debe presentar para cada levantamiento topográfico, la redacción técnica de linderos del predio, de acuerdo a las especificaciones establecidas por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.
i) Se debe anexar además un informe con la siguiente información: Nombre del predio, nombre del propietario, ubicación (departamento, municipio, vereda), nombre del topógrafo, o ingeniero competente que firma el(los) plano(s), matrícula profesional, dirección y teléfonos, método empleado, referencia del equipo, origen de coordenadas, datum, tipo y referencia del equipo, archivos crudos y de postproceso y software empleado, metodología utilizada, software de cálculo utilizado (estación y GPS), además se anexará fotocopia de la tarjeta profesional del responsable del levantamiento y observaciones relevantes del trabajo de campo. Los levantamientos de predios contiguos deben ser ligados y no se levantará el lindero común dos veces.
j) En el cierre angular de la poligonal el error máximo admisible se determina por la siguiente fórmula:
e 10” * ( Ö n) donde:
e = error permisible
n = número de estaciones de la poligonal.
k) La precisión mínima en el cierre de la poligonal será de 1:2.500.

5.1.2. Levantamientos para identificación predial, mayores o iguales a mil metros cuadrados (1.000) m2para este tipo de trabajos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones técnicas:
a) Los levantamientos se realizarán con equipos de precisión GPS o estaciones totales debidamente calibradas.
b) Para la georreferenciación se emplearán receptores GPS con precisión de punto submétrico. La precisión se garantizará con el proceso de corrección diferencial.
c) El tiempo de toma de puntos con GPS, no podrá ser inferior a cinco (5) minutos por punto.
d) El levantamiento topográfico a través de GPS se realizará con el proceso de corrección diferencial para cada una de las entidades identificadas. En aquellos casos en los cuales el levantamiento topográfico sea utilizado para el otorgamiento de subsidio integral de tierras, se deberá hacer levantamiento de la información de relleno (ejemplo: tipos de cultivo, bosques, cuerpos de agua, construcciones, infraestructura), y se deberá especificar en el cuadro de áreas del plano y del informe el consolidado de cada una de las áreas según la clasificación existente para estos. La sumatoria discriminada de áreas, deberá sumar el 100% del área total del predio.
e) Se utilizará el método de poligonales cerradas en aquellos casos que se utilice estación total, materializando los deltas en el terreno.
f) Para los detalles se empleará el método de radiación, tomado desde cada vértice de la poligonal. En aquellos casos en los cuales el levantamiento topográfico sea utilizado para el otorgamiento de subsidio integral de tierras, se deberá hacer levantamiento de la información de relleno (ejemplo: tipos de cultivo, bosques, cuerpos de agua, construcciones, infraestructura), se deberá especificar en el cuadro de áreas cada una de las áreas que constituyen los diferentes ítems.
g) Las carteras de campo o archivos raw–data serán originales, en formatos txt, xml u otros formatos para procesador de texto y los planos de los levantamientos se entregarán en medio impreso, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por el Incoder y en formato digital en archivos CAD debidamente cerrados como polígonos. Una vez aprobado el levantamiento y para efecto de archivo, se asignará por parte del funcionario designado por el Incoder, la numeración correspondiente de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. Se entregarán archivos rinex o datos crudos del levantamiento, para el proceso de georreferenciación y de levantamiento de información con equipos GPS. La fijación del número de obra para cada uno de los levantamientos se fijará de acuerdo a la metodología establecida por el Incoder para tal fin.
h) Se debe anexar un informe con la siguiente información:
Nombre del predio, nombre del propietario, ubicación (departamento, municipio, vereda), nombre del topógrafo, o ingeniero competente que firma el(los) plano(s), matrícula profesional, dirección y teléfonos, método empleado, referencia del equipo, origen de coordenadas, datum, tipo y referencia del equipo, archivos crudos y de postproceso y software empleado, metodología utilizada, software de cálculo utilizado (estación y GPS), además se anexará fotocopia de la tarjeta profesional del responsable del levantamiento y observaciones relevantes del trabajo de campo.
i) Se debe presentar para cada levantamiento topográfico, la redacción técnica de linderos del predio, de acuerdo a las especificaciones establecidas por el Incoder.
j) Los levantamientos de predios contiguos deben ser ligados y no se levantará el lindero común dos veces.
k) En el cierre angular de la poligonal el error máximo admisible se determina por la siguiente fórmula:
e = a * (n/2) donde:
e = error permisible
a aproximación del equipo
n = número estaciones de la poligonal
l) La precisión mínima exigida en el cierre de la poligonal será de 1: 2.500.
m) Las áreas y distancias se calcularán mediante software tipo CAD ó SIG una vez obtenida la información definitiva del levantamiento.

5.2. Levantamientos para obras civiles. Son levantamientos de precisión, de tipo planimétrico y altimétrico, utilizados para diseño, construcción y adecuación de obras de infraestructura tales como vías, presas, acueductos, canales, alcantarillados, obras de riego y drenaje y otros procesos misionales del Instituto. Para este tipo de trabajos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones técnicas:
a) Los equipos utilizados para mediciones angulares serán teodolitos o estaciones totales que garanticen los cierres establecidos.
b) Para nivelaciones se utilizarán equipos de colimación mecánicos o automáticos, la precisión será mínimo de 2ppm x km.
c) Para la georreferenciación o determinación de coordenadas geográficas (latitud, longitud y altura elipsoidal) se emplearán receptores GPS de doble frecuencia. La precisión se garantizará con el proceso de corrección diferencial.
d) Se utilizará el método de poligonales cerradas materializando puntos en el terreno.
e) Para los detalles se empleará el método de radiación, y serán tomados desde cada vértice de la poligonal.
f) Las carteras de campo a entregar serán originales, incluyendo el dibujo a mano alzada de las poligonales ejecutadas en campo, indicando la cantidad de vértices y detalles del levantamiento, también las radiaciones a partir de los vértices de las poligonales a los detalles del terreno levantado. Se aceptarán las carteras de campo o archivos raw–data originales, en formatos txt, xml u otros formatos para procesador de texto; se entregarán archivos rinex, para el proceso de georreferenciación. La fijación del número de obra para cada uno de los levantamientos se fijará de acuerdo a la metodología establecida por el Incoder, para tal fin.
g) Se debe anexar un informe con la siguiente información: nombre del proyecto, nombre del responsable del proyecto, cargo, ubicación (departamento, municipio, vereda), nombre del topógrafo, o ingeniero competente que firma el(los) plano(s), método empleado, referencia del equipo, origen de coordenadas, dátum, además se anexará fotocopia de la tarjeta profesional del responsable del levantamiento y observaciones relevantes del trabajo de campo, así como fotocopia de la cartera de campo.
h) En el cierre angular de la poligonal el error máximo admisible se determina por la siguiente fórmula:
e = 10” * ( Ö n) donde:
e = error permisible
n = número de estaciones de la poligonal.
i) La precisión mínima en el cierre de la poligonal será de 1:2.500.
j) El error vertical permisible en centímetros se determina por la siguiente fórmula:
ev = 1,5 * ( Ö k) donde:
ev = error vertical
K = Distancia en kilómetros

ART. 6º—Dibujo. Debe tener las siguientes características:

a) Todos los planos deben incluir las especificaciones técnicas establecidas o que se llegaren a establecer por el Incoder, que sean aplicables a cada caso y se presentarán tanto en formato impreso como digital (formato CAD).
b) Como mínimo los planos contendrán:
• Norte geográfico.
• Simbología de los vértices del levantamiento y perimetrales del predio.
• Numeración de los vértices.
• Línea de colindancia acotada y nombre del colindante.
• Toponimia de límites arcifinios y otros de interés para la completa identificación del predio.
• Rótulo que incluirá tabla de coordenadas y colindancias, tabla de áreas, e información de la cartografía base definida en las especificaciones técnicas establecidas por el Incoder.
• Grilla de coordenadas geográficas verdaderas, con intervalos dados en números enteros relacionados con la escala de ploteo.
• Cuadro de coordenadas, distancias y colindantes.

ART. 7º—Presentación de planos y otros documentos.
a) Todos los documentos gráficos generados por el Incoder o los que se reciban como resultado de convenios o contratos, deberán entregarse en formato digital y en medio impreso, imprimiendo el original en papel pergamino y dos copias en papel bond de 90 gramos, con destino a la respectiva planoteca regional y a la oficina de sistemas de información geográfica en oficinas centrales, respectivamente. Tanto el formato impreso como el digital (CD), contendrán los soportes técnicos, el informe del levantamiento, la información de carteras digitales del levantamiento topográfico debidamente rotulado, numerado y cumpliendo con las especificaciones de formatos, colores, tipos de líneas, convenciones y demás características previstas en la especificación técnica establecida por el Incoder.
b) Todo plano para la identificación predial será entregado con su correspondiente redacción técnica de linderos impresos y en formato digital de procesador de texto, donde se especifique:
• Nombre del predio.
• Áreas.
• Localización (departamento y municipio).
• Puntos de cambio de colindancia con sus coordenadas planas.
• Origen de coordenadas.
• Dátum.
• Descripción completa del alinderamiento del predio, mencionando la toponimia, accidentes naturales, colindantes y elementos que faciliten su identificación.

ART. 8º—Algunos términos técnicos de referencia para la contratación. En los casos que el Incoder entregue o reciba material cartográfico como parte de alguna contratación o convenio, deberá ser validado, confrontado y actualizado siguiendo las especificaciones técnicas descritas en los respectivos pliegos de condiciones.

Para la georreferenciación de planos con coordenadas arbitrarias, se posicionarán tres (3) puntos extremos del predio y se ligarán al sistema nacional de coordenadas del IGAC, Dátum Magna–Sirgas, especificando el origen definido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

ART. 9º—Interventoría. Cuando se trate de levantamientos realizados por contratistas particulares o entidades públicas, el Incoder ejercerá la interventoría por medio de personal especializado de planta o contratado, del nivel central o de cada regional, según sea el caso.
ART. 10.—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial la resolución del Incoder número 1612 del 26 de agosto de 2005, proferida por la gerencia general del Incoder.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 30 de septiembre de 2009.


viernes, 19 de enero de 2018

LEY 1728 DE 2014 modifica la ley 160 de 1994

LEY 1728 DE 2014
(julio 18)
Diario Oficial No. 49.216 de 18 de julio de 2014
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por la cual se dictan normas de distribución de terrenos baldíos a familias pobres del país con fines sociales y productivos y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1o. El artículo 67 de la Ley 160 de 1994 quedará de la siguiente manera:
El Consejo Directivo del Incoder señalará para cada región o zona las extensiones máximas y mínimas adjudicables de los baldíos productivos en Unidades Agrícolas Familiares, y declarará, en caso de exceso del área permitida, que hay indebida ocupación o apropiación de las tierras de la Nación.
En caso de existir áreas que excedan el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar establecidas para las tierras en el municipio o zona a estas áreas se les dará el carácter de baldío reservados, susceptibles de ser adjudicados a otros campesinos.
Para expedir las reglamentaciones sobre las extensiones máximas y mínimas adjudicables, el Instituto deberá tener en cuenta, entre otras, las condiciones agro lógicas, fisiográficas, disponibilidad de aguas, cercanía a poblados de más de tres mil (3.000) habitantes, vías de comunicación de las zonas correspondientes, la composición y concentración de la propiedad territorial, los índices de producción y productividad, la aptitud y las características del desarrollo sostenible de la región, la condición de aledaños de los terrenos baldíos, o la distancia a carreteras transitables por vehículos automotores, ferrocarriles, ríos navegables, a centros urbanos de más de diez mil (10.000) habitantes, o a puertos marítimos.
El Instituto está facultado para señalar zonas en las cuales las adjudicaciones solo podrán hacerse con base en producciones forestales o de conservación forestal, agrícolas o de ganadería intensiva y para definir, conforme a las circunstancias de la zona correspondiente, las características de estas últimas.

PARÁGRAFO 1o. No serán adjudicables los terrenos baldíos que cuenten con las siguientes condiciones:
a) Los terrenos baldíos situados dentro de un radio de dos mil quinientos (2.500) metros alrededor de las zonas donde se adelanten procesos de explotación de recursos naturales no renovables; entendiéndose por estos, materiales fósiles útiles y aprovechable económicamente presentes en el suelo y el subsuelo, dejando por fuera los materiales de construcción y las salinas tomando como punto para contar la distancia la boca de la mina y/o el punto de explotación petrolera.
b) Los terrenos situados en colindancia a carreteras del sistema vial nacional, según las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, conforme fueron fijadas en la Ley 1228 de 2008.

PARÁGRAFO 2o. Los terrenos baldíos objeto de la presente ley, serán adjudicados exclusivamente a familias pobres.

ARTÍCULO 2o. Modifíquese el artículo 66 de la Ley 160 de 1994, el cual quedará así:
A partir de la vigencia de esta ley y como regla general, salvo las excepciones que establezca el Consejo Directivo del Incoder, las tierras baldías se titularán en Unidades Agrícolas Familiares, según el concepto definido en el Capítulo IX de este Estatuto.

ARTÍCULO 3o. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
GREGORIO ELJACH PACHECO.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
HERNÁN PENAGOS GIRALDO.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO.
República de Colombia – Gobierno Nacional
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de julio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
RUBÉN DARÍO LIZARRALDE MONTOYA.
El Ministro de Minas y Energía,
AMÍLCAR ACOSTA MEDINA.
La Ministra de Transporte,

CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN.

DECRETO 2333 del 2014

DECRETO 2333 DE 2014
(noviembre 19)
Diario Oficial No. 49.340 de 19 de noviembre de 2014
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Por el cual se establecen los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas acorde con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio número 169 de la OIT, y se adicionan los artículos 13, 16 y 19 del Decreto número 2664 de 1994.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales y, en particular las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 2o, 4o, 5o, 14 y 34 de la Ley 21 de 1991, el artículo 2o de la Ley 160 de 1994, el artículo 43 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que los artículos 7o y 8o de la Constitución Política establecen el deber del Estado de reconocer y proteger la diversidad étnica, cultural y natural de la Nación colombiana;
Que en la Ley 160 de 1994, Capítulo XIV, se establece el deber del Gobierno nacional de dotar de tierras, “indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo”, a los pueblos indígenas y estudiar los títulos que estos presenten con el fin de establecer la existencia legal de los resguardos. Para tal fin, se consagran los procedimientos de constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas;
Que el Estado colombiano ratificó el Convenio número 169 del 27 de junio de 1989 “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Congreso de la República mediante Ley 21 del 4 de marzo de 1991;
Que el Convenio número 169 de la OIT es un instrumento internacional que reconoce Derechos Humanos de los pueblos indígenas y, por tanto, hace parte del bloque de constitucionalidad, por disposición del artículo 93 de la Constitución Política;
Que el Convenio número 169 de la OIT establece el deber del Gobierno nacional de adoptar medidas especiales encaminadas a proteger los derechos de los pueblos y a garantizar el respeto de su integridad (artículo 2o); y medidas especiales orientadas a salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de estos pueblos (artículo 4o);
Que el Convenio número 169 de la OIT reconoce y protege los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos (artículo 5o). En este sentido, el artículo 13 del citado Convenio establece que “al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”;
Que el artículo 14 de dicho Convenio establece que “1. Deberá reconocerle a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto deberá prestarse particular atención a la situación de pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberá instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”;
Que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado de forma reiterada que “el derecho de propiedad colectiva de las comunidades indígenas sobre el territorio que han ocupado ancestralmente, exige una protección constitucional preferente, debido a que es un elemento esencial para la preservación de las culturas y valores espirituales de estos pueblos, así como para garantizar su subsistencia física y su reconocimiento como grupo culturalmente diferenciado”. (T-188 de 1993, T-652 de 1998, T-079 de 2001, SU-383 de 2003, C-030 de 2008, T-909 de 2009, T-547 de 2010, T-433 de 2011, T-009-2013);
Que la Corte Constitucional ha resaltado “la importancia de ampliar el concepto de territorio de las comunidades étnicas a nivel jurídico, para que comprenda no sólo las áreas tituladas, habituadas y explotadas por la comunidad, por ejemplo, bajo la figura de resguardo, 'sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales y económicas, de manera que se facilite el fortalecimiento de la relación espiritual y material de estos pueblos con la tierra y se contribuya a la preservación de las costumbres pasadas y su transmisión a las generaciones futuras” (T-009-2013);
Que el Gobierno nacional reconoce que los pueblos indígenas de Colombia tienen una especial relación con el territorio que, tal como ha sido señalado por la Corte Constitucional en sendas sentencias, debe entenderse no sólo como el derecho que estos tienen sobre la propiedad colectiva que ocupan, sino excepcionalmente, como una extensión de sus prácticas ancestrales y su relación espiritual, cultural, económica y social con aquellas áreas en las cuales se desarrollan;
Que en atención a todo lo anterior, el Gobierno nacional, en concertación con las organizaciones, comunidades y pueblos indígenas, acuerda que se hace necesario establecer medidas y procedimientos de protección jurídica de los territorios ancestrales y/o tradicionales,
DECRETA:
DISPOSICIONES GENERALES.
OBJETO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES.
ARTÍCULO 1o. OBJETO. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.1.1 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> El presente decreto tiene por objeto establecer los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas.
ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Para los fines exclusivos del presente decreto, se establecen los siguientes principios:
1. Celeridad de los procesos de protección de la posesión de las tierras y territorios ancestrales y/o tradicionales. El procedimiento de protección jurídica de la posesión de los territorios ancestrales y/o tradicionales, al igual que todas las actuaciones y decisiones, estará desprovisto de toda dilación administrativa y se ajustarán a los criterios constitucionales y a la ley antitrámites.
2. Relación especial de los pueblos indígenas con las tierras y territorios. El Estado reconoce, respeta, protege y garantiza la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y, en particular, los aspectos colectivos de esa relación.
3. Respeto a la ley de origen, ley natural, derecho mayor o derecho propio de los pueblos indígenas. La Ley de Origen y el Derecho Mayor o Derecho Propio representan el fundamento de vida y gobernanza de los pueblos indígenas.
La autoridad o intérprete de las normas consagradas en el presente decreto tomará debidamente en consideración la Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor o Derecho Propio y hará prevalecer el principio pro homine y los Derechos Humanos, fundamentales, colectivos e integrales de los pueblos indígenas contenidos en el bloque de constitucionalidad, sin desmedro de la autonomía y jurisdicción especial indígena.
4. Identidad territorial ancestral y/o tradicional. Se relaciona con el sentido de pertenencia que la comunidad o pueblo indígena mantiene con su territorio poseído ancestral o tradicionalmente, en el cual se desarrolla integralmente su vida, cosmovisión, sabiduría ancestral, conocimientos, costumbres y prácticas que sustentan los derechos territoriales ancestrales de dichos pueblos.
5. Respeto a los derechos de terceros. La propiedad y los derechos adquiridos de terceros serán reconocidos y respetados con arreglo a la Constitución Política y la ley.
ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.1.3 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Para los fines exclusivos del presente decreto, se establecen las siguientes definiciones:
1. Territorio ancestral y/o tradicional. Para los efectos del presente decreto, son territorios ancestrales y/o tradicionales los resguardos indígenas, aquellas tierras y territorios que históricamente han venido siendo ocupados y poseídos por los pueblos o comunidades indígenas y que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales y espirituales.
2. Posesión tradicional y/o ancestral de tierras y territorios de los pueblos indígenas. Para los efectos del presente decreto, la posesión del territorio tradicional y/o ancestral de los pueblos indígenas es la ocupación y relación ancestral y/o tradicional que estos mantienen con sus tierras y territorios, de acuerdo con los usos y costumbres, y que constituyen su ámbito tradicional, espiritual y cultural, en el marco de lo establecido en la Ley 21 de 1991.
La posesión tradicional y/o ancestral se probará mediante los procesos y procedimientos incluidos en el presente decreto. La propiedad de terceros y derechos adquiridos serán reconocidos con arreglo a la Constitución Política y la ley.
La posesión de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales y/o tradicionales dará derecho a que el Estado la reconozca mediante acto administrativo registrado, mientras se cumple el trámite administrativo para la expedición del título de propiedad colectiva.
SISTEMA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN.
ARTÍCULO 4o. SISTEMA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA UNIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PREDIAL DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y CREACIÓN DE SU SISTEMA DE INFORMACIÓN. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica sobre la información existente en el Estado colombiano en materia de propiedad colectiva indígena, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural creará, en un plazo no superior a seis (6) meses, contados a partir de la vigencia del presente decreto, un sistema de coordinación interinstitucional para la unificación de la información predial de los territorios indígenas.
Para tales efectos, se tendrán en cuenta los aspectos relacionados con el territorio, población, georreferenciación, registros catastrales, resguardos constituidos, solicitudes de constitución, ampliación y saneamiento, resguardos de origen colonial o republicano, posesión ancestral y/o tradicional de los pueblos y comunidades indígenas.
El sistema estará integrado por las siguientes entidades:
1. Ministerio del Interior.
2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
5. Superintendencia de Notariado y Registro.
6. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
7. Comisión Nacional de Territorios Indígenas.
El Gobierno nacional solicitará el acompañamiento de las entidades que para los casos específicos se requieran.
Como resultado de los trabajos adelantados por este sistema de coordinación se creará un sistema de información con todas las variables mencionadas, y aquellas que el sistema de coordinación identifique, el cual será administrado por el Ministerio del Interior.
Los contenidos servirán para ser consultados en todas las actuaciones administrativas de las instituciones públicas en relación con los territorios indígenas.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN DE TERRITORIOS ANCESTRALES Y/O TRADICIONALES.
PROCEDIMIENTO MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN.
ARTÍCULO 5o. PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN DE TERRITORIOS ANCESTRALES Y/O TRADICIONALES. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> El procedimiento para adelantar la medida de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales será el siguiente:
1. Solicitud: El trámite se iniciará de oficio por el Incoder, o a solicitud del Ministerio del Interior, de otra entidad pública, de la comunidad indígena interesada, a través de su cabildo o autoridad tradicional, o de una organización indígena.
La solicitud de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales deberá acompañarse de una información básica relacionada con la ubicación, vías de acceso, un croquis del área a proteger, el número de familias que integra la comunidad y la dirección donde recibirán comunicaciones y notificaciones.
Esta solicitud podrá presentarse junto con la solicitud de constitución de resguardos de que trata el Capítulo III del Decreto número 2164 de 1995.
2. Validación de la información y apertura de expediente. Recibida la solicitud por el Incoder y revisados los documentos aportados, dentro de un término no mayor a 20 días se procederá a abrir un expediente, al cual se le asignará una numeración. Dicho expediente contendrá las diligencias administrativas adelantadas en el presente procedimiento. El Incoder revisará si adicionalmente existe una solicitud de procedimientos de constitución, ampliación, saneamiento de resguardos o clarificación y/o reestructuración de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano y podrá usar esta información para el procedimiento de protección del objeto del presente decreto.
3. Una vez se realice la solicitud y abierto el expediente de protección de los territorios ancestrales y/o tradicionales de los pueblos indígenas, el Incoder expedirá inmediatamente una Certificación de Apertura de Expediente e Inicio de Proceso de Protección, la cual será notificada, a la comunidad y a quien esta lo solicite.
4. En caso de que existan estudios socioeconómicos y levantamientos topográficos adelantados dentro de los procedimientos de constitución, ampliación, saneamiento, o reestructuración de resguardos de origen colonial o republicano que hayan avanzado, el Incoder podrá emitir inmediatamente la medida de protección basado en la información y estudios que reposen en dichos expedientes.
5. El Incoder emitirá un auto donde se determinen los responsables, funcionarios, y fechas para realizar la visita técnica tendiente a recopilar la información para la elaboración del estudio socioeconómico y levantamiento topográfico. El auto que ordena la visita se comunicará al Procurador Agrario, a las comunidades ocupantes interesadas y a quien hubiese formulado la solicitud. También se notificará personalmente a los titulares de derechos inscritos en los folios de matrícula inmobiliaria y se fijará un edicto que contenga los datos esenciales de la petición en la secretaría de las alcaldías donde se halle ubicado el territorio ancestral y/o tradicional, por el término de diez (10) días, a solicitud del Incoder, el cual se agregará al expediente.
6. Visita técnica: En la visita técnica se levantará un acta suscrita por las autoridades indígenas y funcionarios y las personas que han intervenido en ella, la cual deberá contener los siguientes datos: a) Ubicación del territorio; b) Linderos generales; c) Área aproximada; d) Número de habitantes que hacen parte de la comunidad; e) Número de colonos o terceros establecidos, indicando el área aproximada que ocupan y la explotación que adelantan. La visita deberá realizarse en un plazo no mayor a 12 meses después de emitido el auto. En los casos en que exista riesgo de despojo territorial, la visita se hará con carácter urgente y prioritario.
7. Entrega de estudio socioeconómico y levantamiento topográfico. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la culminación de la visita técnica, el Incoder elaborará el estudio socioeconómico y levantamiento topográfico con su plano correspondiente. Se compulsará copia del mismo a la comunidad respectiva y se realizará socialización cuando esta lo requiera.
8. Expedición de la resolución de protección provisional de la posesión del territorio ancestral y/o tradicional: con base en el estudio socioeconómico y levantamiento topográfico, el Incoder expedirá, en un plazo no mayor a 15 días siguientes a la elaboración del mismo, una resolución motivada decidiendo sobre el reconocimiento y protección provisional de la posesión del territorio ancestral y/o tradicional. En caso que resulte procedente tal reconocimiento y protección, en la misma resolución se solicitará a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos la inscripción de la medida provisional en los folios correspondientes. En los casos en que no existan folios de matrícula inmobiliaria se solicitará la apertura inmediata de uno nuevo a nombre del Incoder, con la anotación provisional respectiva de su carácter de territorio ancestral y/o tradicional indígena, en favor de la respectiva comunidad, así como la inscripción de la mencionada resolución.
Si el Incoder constata que existe superposición de ocupaciones o de posesiones entre pueblos y comunidades indígenas, la medida de protección se extenderá a todas ellas. En todo caso, se entenderá que el acto administrativo de protección tiene carácter provisional, sujeto, por ende, a la titulación definitiva de la propiedad colectiva que realice el Incoder mediante el acto administrativo correspondiente, de conformidad con la legislación vigente.
PARÁGRAFO 1o. En expedientes de procesos de clarificación de vigencia de los títulos de origen colonial o republicano que hayan avanzado y en cuyos folios repose un estudio socioeconómico este podrá ser tomado como insumo para la medida de protección de territorio ancestral y/o tradicional.
PARÁGRAFO 2o. En virtud de las medidas provisionales de protección señaladas, los notarios y registradores de instrumentos públicos, así como los funcionarios del Incoder, adoptarán las medidas propias de su competencia para evitar cualquier acción de adjudicación de los predios cobijados por la medida de protección, a personas o comunidades distintas a las cobijadas por la misma. La omisión del cumplimiento de sus funciones acarreará las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la normatividad vigente.
PARÁGRAFO 3o. A partir de la presentación de la solicitud de ampliación, constitución o saneamiento de resguardos o de reestructuración de títulos de origen colonial y/o republicanos, o de la solicitud de protección de posesión de los territorios ancestrales y/o tradicionales, el Incoder a petición de parte, podrá solicitar al inspector de policía de la jurisdicción correspondiente, la suspensión de los procesos policivos que se adelanten en tierras pretendidas en estos procedimientos, hasta tanto se culmine el proceso de titulación.
ARTÍCULO 6o. DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.3.2 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Los estudios socioeconómicos y levantamiento topográfico, u otros procedimientos realizados en el marco del presente decreto, podrán ser utilizados para los procesos de constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos de origen colonial o republicano de que trata la Ley 160 de 1994 y el Capítulo III del Decreto número 2164 de 1995.
ARTÍCULO 7o. PRELACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN DE TERRITORIOS ANCESTRALES Y/O TRADICIONALES DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN RIESGO O SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.3.3 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Los procedimientos de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales de los pueblos y comunidades en riesgo o situación de desplazamiento forzado, contenidas en la normatividad vigente, deberán tener prelación con el fin de garantizar el derecho a la posesión y a la tierra frente a los inminentes hechos de despojo territorial al que se encuentren expuestos.
ARTÍCULO 8o. CREACIÓN DE CÓDIGO PARA MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN DE TERRITORIOS ANCESTRALES Y/O TRADICIONALES. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.3.4 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> La Superintendencia de Notariado y Registro adoptará las medidas necesarias para la creación de los códigos que recojan la inscripción a que hace referencia el presente decreto.
La Superintendencia de Notariado y Registro deberá crear el código de territorios ancestrales y/o tradicionales, en un término de treinta (30) días, contados a partir de la vigencia del presente decreto.
ARTÍCULO 9o. DEMARCACIÓN DEL TERRITORIO ANCESTRAL Y/O TRADICIONAL. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.3.5 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Una vez expedida la resolución de reconocimiento y protección de la posesión del territorio ancestral y/o tradicional, el Incoder iniciará el proceso de demarcación sobre el área reconocida mediante una placa donde conste el mapa con las coordenadas del área objeto de protección, la cual deberá ser instalada en lugar visible para toda la comunidad.
En los casos en que se evidencie una amenaza o vulneración de los derechos a la posesión del territorio ancestral, el Incoder procederá, por solicitud de la comunidad indígena, a realizar la demarcación del área objeto de la protección ancestral y/o tradicional, de manera concertada con esta, a través del mecanismo más apropiado, respetando la ley de origen y el derecho mayor de cada pueblo.
OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
ARTÍCULO 10. REVOCATORIA DIRECTA DE LAS RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS A PARTICULARES, DONDE ESTÉN ESTABLECIDAS COMUNIDADES INDÍGENAS. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69 y 72 de la Ley 160 de 1994 y de conformidad con el Capítulo V del Título II del Decreto Reglamentario número 1465 de 2013, el Incoder podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos.
No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución y ampliación de resguardos indígenas.
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ARTÍCULO 11. CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE COMUNIDADES O PUEBLOS INDÍGENAS EN TIERRAS BALDÍAS. <Artículo compilado en el artículo 2.14.10.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Adiciónase un parágrafo al artículo 13 del Decreto número 2664 de 1994, así:
“Parágrafo 2o. De conformidad con el artículo 69 de la Ley 160 de 1994 y, en concordancia con los artículos 9o y 13 del presente decreto, previo al estudio de la solicitud de adjudicación de baldíos, la Dirección Técnica de Baldíos y/o las Direcciones Territoriales respectivas del Incoder solicitarán a la Dirección de Asuntos Étnicos de esta entidad certificación sobre la existencia o no, en el área pretendida, de solicitudes de constitución, saneamiento o ampliación de resguardos indígenas, o reestructuración de resguardos de origen colonial o republicano, así como medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales. De no encontrarse información registrada sobre dichos procesos, deberá solicitarse información adicional al Ministerio del Interior, a las entidades territoriales pertinentes y/o a las organizaciones indígenas, para que se pronuncien sobre la existencia o no de comunidades indígenas en el área pretendida, la cual será remitida al Ministerio del Interior para su respectiva validación”.
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ARTÍCULO 12. INSPECCIÓN OCULAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN EN TIERRAS BALDÍAS. <Artículo compilado en el artículo 2.14.10.5.6 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 16 del Decreto número 2664 de 1994:
“Parágrafo. En el evento de que se haya certificado existencia de procesos de los que trata el parágrafo 2o del artículo 13 del presente decreto, o se haya recibido información acerca de la existencia de comunidades indígenas sobre el predio pretendido o colindante, se notificará a la Autoridad Indígena y/o las organizaciones indígenas de carácter nacional sobre la realización de la inspección ocular dentro del procedimiento de adjudicación en tierras baldías. La Autoridad Indígena y/o las organizaciones indígenas de carácter nacional podrán acompañar dichas inspecciones”.
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ARTÍCULO 13. ADICIÓN AL CONTENIDO DEL ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR. <Artículo compilado en el artículo 2.14.10.5.8 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Adiciónase un literal al numeral 1 del artículo 19 del Decreto número 2664 de 1994, así:
“o) Si existe presencia de comunidades indígenas en el área pretendida que ejerzan posesión ancestral y/o tradicional sobre el territorio”.
ARTÍCULO 14. DELIMITACIÓN Y DEMARCACIÓN DE TERRITORIOS DE PUEBLOS AISLADOS. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.4.2 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> Para efectos de dar un tratamiento especial al derecho a la posesión al territorio ancestral y/o tradicional en favor de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento (PISA), que ocupan o utilizan de alguna manera, el Gobierno nacional tomará medidas excepcionales para la delimitación y protección de sus territorios.
Para estos casos, se deberá tener en cuenta el acompañamiento de las entidades del orden nacional y regional con competencias para la protección territorial y cultural de dichos pueblos, quienes deberán concertar y coordinar previamente con las autoridades y organizaciones indígenas colindantes a los PISA.
ARTÍCULO 15. PRESUPUESTO. <Artículo compilado en el artículo 2.14.20.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015> El establecimiento de los mecanismos previstos en el presente decreto para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas, acorde con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio número 169 de la OIT, y la adición a los artículos 13, 16 y 19 del Decreto número 2664 de 1994, deberá implementarse de forma gradual consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, de conformidad con las Leyes 819 de 2003 y 1473 de 2011, y las disponibilidades presupuestales, hasta la concurrencia de las respectivas apropiaciones autorizadas en cada sector y en las respectivas entidades que les compete la implementación de las diferentes actividades descritas en el presente decreto.
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ARTÍCULO 16. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de noviembre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
YESID REYES ALVARADO.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
AURELIO IRAGORRI VALENCIA.



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